📌Ganan amparo por debido proceso
📌Pierde amparo en juicio por decomiso
📌Aumentan a 12 empresas “congeladas”
📌Pierde AguaH primer round contra norma
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• JLL Grupo Mulatos sufre burocracia
• Alberto Martín Islas perdió juicio
• José Ramón Uribe heredó un pleitazo
• César Elías Chávez en otro problema
• Raymundo López Vucovich fue suspendido
• Banco Azteca inició fuerte embestida
  Por Raúl Ruiz

JLL grupo Mulatos trae atraso
JLL Grupos Mulatos, que dirige Gustavo Mazón Escalante, acaba de ser avisada que la Audiencia Constitucional que estaba programada dentro de una solicitud de amparo iniciado en el Juzgado Primero de Distrito, ha vuelto a ser prorrogada.
El Encargado del Despacho del Juzgado Primero de Distrito, Santiago Flores Cota, ha fijado para este viernes 1 de marzo la celebración de la Audiencia dentro del juicio número 1398/2023.
Debido al atraso en las respuestas de las autoridades involucradas, el juzgador ha refrescado la lista de autoridades que deben enviar sus informes y dentro de estas están el Director General de Minas, de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía, antes Subsecretaría de Minería, así como el Coordinador de lo Contencioso de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Referida Secretaría, el Director de Revisión de Obligaciones, Adscrito a la Dirección General de Minas, el Encargado de la Defensa Jurídica de Dicha Institución, además del Director del Registro Público de Minería de Derechos Mineros, Adscrito a la Dirección General de Minas, la cual está ubicada en el Estado de México.
Hay que recordar que “JLL Mulatos”, cuya operación está en la sierra de Sonora, solicitó el amparo en contra de la aplicación de la nueva Ley Minera, de Aguas Nacionales y Protección al Medio Ambiente.

Alberto Martín Islas Flores, el socio y representante legal de la empresa Pacigas, acaba de ser avisado que tiene un dinero en el Juzgado Primero de Distrito y debe ir a que se lo entreguen.
Se trata de $20 mil pesos que los abogados de la firma depositaron en el tribunal como una fianza dentro de un proceso legal iniciado el 8 de agosto del 2022 bajo el número 1087/2023.
La empresa había iniciado el juicio para evitar el desalojo de una gasolinera en Guaymas que había contratado en renta con el ahora finado José Ramón Uribe Maytorena.
Luego del fallecimiento de éste los líos internos con sus hermanos obligaron a pedirles la bola a los socios de Pacigas, la Familia Islas de Navojoa y entonces, tratando de hacer valer el viejo contrato, solicitaron el amparo, pero éste les fue negado.
Ahora el Juzgado Primero les acaba de avisar que, dado que desde el 11 de agosto del 2023 se ordenó el archivo del caso, tras negarse el amparo y concluirse las siguientes fases del juicio de amparo, lo procedente es regresar esa garantía.
Por cierto, el juzgado advirtió que si no se recoge el dinero hay un plazo de hasta dos años para hacerlo, so pena de que una vez cumplido ese plazo el dinero queda a disposición del Consejo de la Judicatura Federal.

Ahora LC Capital Corporativo
César Elías Chávez Hernández, el conocido financiero sonorense, apenas está intentando capotear los líos legales que se carga como socios mayoritario de LC Liquidez Corporativa, la Sofom que está demandada por Financiera Rural por impago, cuando ahora tiene que abierto un nuevo frente legal: Pero esta vez es con la cachucha de “LC Capital Corporativo” que ha solicitado un juicio de amparo, el 290/2024, en el Juzgado Primero de Distrito. Mañana le abundaremos en los casos que ahora acumula el controvertido financiero capitalino.

José Raymundo López Vucovich, el ex Secretario de Salud en la gestión del entonces Gobernador Eduardo Bours Castelo, acaba de abrir dos frentes legales contra su homólogo José Luis Alomí, quien tomó la decisión de suspender una licencia con goce de sueldo que tenía el ex funcionario estatal. En una demanda que inició en el 2022 y que ha tenido un colofón en el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa (los expedientes números 764/2022 y 884/2022). Las primeras resoluciones indican que la aventura legal iniciada por Raymundo, un connotado galeno, no es positiva.

Banco Azteca, en problemas
Gabriel Alfonso Roqueñí Rello, el Director General Jurídico de Grupo Elektra y de Banco Azteca, está sufriendo duros reveses en los últimos días.
Resulta que su equipo legal tuvo la idea de promover miles de juicios mercantiles en contra de clientes deudores de la institución bancaria.
Pretendiendo utilizar un recurso conocido en el argot técnico jurídico como “Medios preparatorios de juicio” Banco Azteca, promovió los procesos legales pero todos estos han sido paulatinamente desechados.
El propio equipo decidió no impugnar la resolución judicial.
Para darnos una idea de la embestida legal que ha estado iniciado Banco Azteca, el banco de Ricardo Salinas Pliego, contra sus cuentahabientes morosos, basta ver cómo tan sólo un día, el jueves 29 de febrero, en el Juzgado Primero de Distrito de Sonora, que dirige, se emitieron acuerdos donde el denominador común fue anunciar el cierre de los expedientes, luego de que tras el desechamiento judicial los abogados del banco decidieron no interponer ningún recurso.
En uno de los casos es el expediente número 249/2023, radicado en ese tribunal por Banco Azteca en contra de Jhonatan Edmundo Chávez el juzgador determinó que el asunto se desechará por improcedente.
Y luego de ello anunció que, basado en el artículo 1335 del Código de Comercio se desechó la solicitud de amparo radica en ese tribunal tras que la parte actora -en este caso Banco Azteca- no interpuso recurso de revisión el caso se cierra.

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• “Ferrer & Casillas” debe comparecer
• Luis Alfonso Cervantes es despacho grande
• Minaurum Gold quiere dar la estocada
• Exportadora de Caborca no las trae consigo
• José Joaquín Cabrera da un pasito
• Recursos Millrock quiere todo

Servando tiene más problemas

Erick Rafael Palomera Vaca, quien es socio de la firma “Ferrer & Casillas”, de Zapopan, Jalisco, y quien lleva la demanda iniciada por la compañía “Grupo Asesor Z” en contra de Servando y Ramiro Carbajal Ruiz, de “Súper del Norte” por un adeudo pendiente de $131.3 millones de pesos acaba de ser citado por una jueza federal para que se apersone en el proceso.
Y es que en el juicio de amparo número 68/2023 iniciado en el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Sonora iniciado por quienes fueron los socios de Servando y Ramiro en “Súper del Norte” la Jueza Roció Monster Reyes decreto que existe lo que en términos legales se conoce como “Litisconsorcio pasivo”.
Esto significa que el demandado, en este caso los hermanos Carbajal Ruiz, tienen varias demandas en su contra y se trata de que los demandantes lo sepan para que no se les afecten sus derechos a la hora de reclamar los pagos.
El objetivo de la Jueza busca aplicar este instrumento legal para impedir que resulten afectados por una sentencia o resolución judicial quienes no fueron escuchados en un juicio.
Por ello la Juzgadora ha solicitado los domicilios de los demandantes para que se les emplace y puedan acudir al tribunal.
Pero el abogado Palomera Vaca no es el único tema que tendrá que enfrentar junto con su equipo legal:
Hay un claro intento del equipo legal de “Súper del Norte”, que lidera Luis Alfonso Cervantes Muñiz, del Despacho Cervantes Abogados, de la Ciudad de México, para alargar el proceso.
Este es uno de los casos que se conocen que ha enderezado la empresa “Grupo Asesor Z” en contra de sus ex socios en aquellos tiempos en que planeaban expandir la operación de la cadena de autoservicios, algo que nunca prosperó.

Minaurum Gold va por todo
Roberto Díaz Romero, el abogado de la Minera Minaurum Gold, es de los pocos que puede presumir que puso freno a varias disposiciones federales que afectan al sector, entre ellas la reforma a la Ley Minera y de Aguas Nacionales.
El 12 de enero del 2024 el Juzgado Primero de Distrito le informó, dentro del juicio de amparo número 901/2023, que le otorgaba la protección de la justicia federal.
Pero fue una decisión dividida:
Le negó la protección en lo relacionado a la parte de autorización de la parte legislativa, pero se lo otorgó en lo relacionado con la aplicación a la empresa.
Ello derivó en un recurso de revisión el pasado 3 de marzo de este mismo año.
La admisión del recurso es el último recurso dictado dentro de ese proceso legal.

Exportadora va contra IMSS
Exportadora de Caborca, la empresa del Desierto de Altar que encabezan los empresarios Jesús Alejandro Elías Salazar y Ramón Santillán Perea, ha iniciado un juicio en contra de la Cámara de Senadores.
En un proceso iniciado en el Juzgado Cuarto de Distrito bajo el número de expediente 140/2024, que dirige la Jueza Lorena Geraldo Ibarra, la empresa ganadera ha impugnado las reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social.
En específico el reclamo se refiere a las reformas a los artículos 279, 283 fracciones II, III, IV, VI, VII, X, XI y XII, 283 Ter, 284 Bis, entre otras.
Estas, entre otros temas, tienen que ver con la constitución de las reservas que deben tener las empresas para cumplir con los compromisos de pago a las cuotas laborales y de previsión social.
Por lo pronto, el 5 de marzo de este año el tribunal federal ha negado la Suspensión Provisional solicitada por los abogados de la empresa.

Cabrera necesita un carro más rápido
El abogado José Joaquín Cabrera Ochoa, quien es socio del Despacho “Tapia Robles Cabrera Moreno” (TRCM), uno de los más acreditados en materia mercantil y corporativo en Sonora, acaba de lograr que el juicio de amparo que promovió en representación de la poderosa compañía minera “Recursos Millrock” contra la aplicación de la Ley Minera y de Aguas Nacionales, tenga un ligero avance.
A pesar de que desde el 1 de septiembre del 2023 el tribunal resolvió a favor de la Compañía Minera “Recursos Millrock” la solicitud de amparo y le concedió la Suspensión Definitiva, ha sido casi seis meses después en que una impugnación interpuesta a esa primera resolución se empiece a formalizar.
Peor no termina de aterrizar:
El Juzgado Primero de Distrito que lleva el caso, ahora a cargo de Jesús Karina Almada Rábago, los enteró el 6 de marzo, que uno de los principales actores en la demanda, el Presidente de la República, no ha sido notificado de los hechos.
Por eso la Jueza ha urgido a la Administración de Correos, a través de quienes se envían las notificaciones, agilice la entrega del oficio en el que se enterará al Presidente de que su Ley Minera está siendo impugnada y que, incluso, varias dependencias relacionadas con el tema como la Secretaría de Economía, que dirige Raquel Buenrostro, han solicitado que se revise el primer fallo dictado el año pasado y en donde el equipo del abogado Cabrera va ganando la partida.
Este proceso, desahogado bajo el expediente número 899/2023 en ese tribunal, forma parte de una larga lista de empresas mineras que han decidido impugnar las reformas hechas a la Ley Minera, a la de Aguas Nacionales y a la de Ley General del Equilibrio Ecológico, de Protección al Ambiente y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos por considerar que son inconstitucionales.
Hasta ahora el equipo legal de Recursos Millrock puede decir que va ganando.

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